Una acción conjunta, que encabezará un alto oficial de la Policía Nacional en coordinación con los demás organismos de las Fuerzas Armadas, de Fiscalía, de Policía Judicial, del DAS, se realizará en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueños con el propósito de judicializar a las personas responsables de la minería ilegal, cuya situación viene afectando la economía y la seguridad en la región.
A esta conclusión se llegó en el Consejo de Seguridad que se cumplió hoy en el municipio de Segovia, liderada por el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, con la asistencia del gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, los alcaldes de las dos subregiones y los comandantes de ejército y policía, y representantes de la Fiscalía, los secretarios de gobierno y de productividad y competitividad del Departamento, entre otros.
El secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, informó que en los próximos días el director nacional de la Policía, general Oscar Naranjo, definirá el alto oficial que acometerá la labor de coordinación. Indicó el funcionario que el presidente de la República le dio toda la importancia y prioridad a esta acción, ya que la situación de minería ilegal tiene en grave riesgo la existencia de la empresa Frontino Gold Mines, la economía formal de la región, y a cerca de 80 mil habitantes que en la región viven de esta labor.
El mandatario de los colombianos, así mismo, demandó unas actuaciones administrativas determinadas, tendientes a dar estabilidad jurídica a los inversionistas y a todas las personas naturales y jurídicas que tengan interés en capitalizar dicha empresa
La Gobernación de Antioquia, a través de las secretarias de Productividad y Competitividad, y de Gobierno, estarán haciendo, como autoridades civiles, un acompañamiento a esta situación, para velar por el cumplimiento de lo acordado. Las alcaldías deben atender, por su lado, los amparos administrativos que soliciten los responsables de la minería legal, con oportunidad, pidió el presidente de los colombianos.
De otro lado, durante el Consejo se dio instrucciones a la policía nacional atender requerimientos de seguridad ciudadana de la población en la región, por problemas que han surgido asociados a la venta de alucinógenos y la prostitución, además de los delitos de alto impacto que afectan la seguridad democrática.
Fuente: Gobernación de Antioquia
A esta conclusión se llegó en el Consejo de Seguridad que se cumplió hoy en el municipio de Segovia, liderada por el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, con la asistencia del gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, los alcaldes de las dos subregiones y los comandantes de ejército y policía, y representantes de la Fiscalía, los secretarios de gobierno y de productividad y competitividad del Departamento, entre otros.
El secretario de Gobierno de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, informó que en los próximos días el director nacional de la Policía, general Oscar Naranjo, definirá el alto oficial que acometerá la labor de coordinación. Indicó el funcionario que el presidente de la República le dio toda la importancia y prioridad a esta acción, ya que la situación de minería ilegal tiene en grave riesgo la existencia de la empresa Frontino Gold Mines, la economía formal de la región, y a cerca de 80 mil habitantes que en la región viven de esta labor.
El mandatario de los colombianos, así mismo, demandó unas actuaciones administrativas determinadas, tendientes a dar estabilidad jurídica a los inversionistas y a todas las personas naturales y jurídicas que tengan interés en capitalizar dicha empresa
La Gobernación de Antioquia, a través de las secretarias de Productividad y Competitividad, y de Gobierno, estarán haciendo, como autoridades civiles, un acompañamiento a esta situación, para velar por el cumplimiento de lo acordado. Las alcaldías deben atender, por su lado, los amparos administrativos que soliciten los responsables de la minería legal, con oportunidad, pidió el presidente de los colombianos.
De otro lado, durante el Consejo se dio instrucciones a la policía nacional atender requerimientos de seguridad ciudadana de la población en la región, por problemas que han surgido asociados a la venta de alucinógenos y la prostitución, además de los delitos de alto impacto que afectan la seguridad democrática.
Fuente: Gobernación de Antioquia
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